Este martes 19 de noviembre, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, realizó Sesión Extraordinaria para dar cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, en relación con una consulta realizada por el partido Movimiento Unificador de Jóvenes en el Estado y sus Regiones (MUJER).
La consulta realizada por el partido fue la siguiente: «Dado que ya existe un recurso destinado en prerrogativas para actividades específicas y un Programa Anual de Trabajo 2024 para la Capacitación en Desarrollo de Liderazgo Político de las Mujeres, ¿deben suspenderse completamente estas actividades a partir de la etapa de prevención o deberían ejecutarse según lo programado para no perjudicar a las mujeres?».
La respuesta emitida por el Consejo General, indica que el partido Movimiento Unificador de Jóvenes en el Estado y sus Regiones deberá suspender cualquier pago no esencial para su funcionamiento ordinario, conforme a la normativa aplicable en la materia y los lineamientos que regulan el proceso de prevención y liquidación de los partidos políticos.
Lo anterior, se encuentra sustentado en los artículos 385, numeral 3, y 386, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, así como con lo establecido en el cuerpo del mencionado acuerdo, conforme a lo cual los partidos políticos que se encuentran en la etapa de prevención, dentro del proceso de liquidación, únicamente podrán destinar recursos a gastos relacionados con pago de nómina e impuestos.
En el Proyecto de Acuerdo aprobado por el Consejo General, se estima necesario instruir a la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación para que imparta un curso de capacitación orientado al desarrollo del liderazgo político de las mujeres, promoviendo su empoderamiento y fortalecimiento en la esfera pública.
Con esta acción, se busca salvaguardar los derechos de las mujeres militantes y excandidatas del partido, así como fomentar la participación activa de las mujeres en la vida política del Estado, en cumplimiento del compromiso institucional con la igualdad de género y la no discriminación.