En un movimiento clave para avanzar con el llamado Plan “C” del presidente Andrés Manuel López Obrador, los diputados de Morena y sus aliados aprobaron en lo general el dictamen de reforma al Poder Judicial. Con 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones, la Comisión de Puntos Constitucionales dio luz verde a la propuesta que plantea la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular.
La reforma implica una reestructuración significativa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que reducirá de once a nueve el número de sus integrantes, y ajustará la duración de los cargos de quince a doce años.
Además, todas las sesiones del pleno serán públicas, fomentando una mayor transparencia.
Una de las medidas más controvertidas es la reducción del número de integrantes en la SCJN y la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, que será reemplazado por el Órgano de Administración Judicial, mientras que la Comisión de Disciplina Judicial será sustituida por el Tribunal de Disciplina Judicial.
El debate en la Cámara de Diputados fue intenso.
Diputados de oposición criticaron la iniciativa, acusando al gobierno de AMLO de buscar venganza contra el Poder Judicial por haber bloqueado algunas de sus propuestas previas. Eduardo Zarzosa, del PRI, afirmó que esta reforma atenta contra la división de poderes y la democracia en México, acusando al presidente de querer castigar a un Poder Judicial autónomo.
Por su parte, Héctor Saúl Téllez, del PAN, señaló que la reforma se quiere aprobar de manera precipitada y por capricho presidencial, sin un análisis profundo de sus implicaciones para la impartición de justicia en el país.
Desde Movimiento Ciudadano, Braulio López Ochoa destacó que, aunque se requieren reformas en el Poder Judicial, estas deben realizarse con precisión y no de manera destructiva. Advirtió sobre la importancia de contar con ministros experimentados que garanticen la estabilidad y el correcto funcionamiento de la institución.
La reforma también contempla medidas de austeridad en el Poder Judicial. Se establece que el salario de los ministros, magistrados y jueces no podrá ser superior al del presidente de la República. Asimismo, se eliminarán los fondos y fideicomisos del Poder Judicial, con la excepción del Fondo de Apoyo a la Administración Judicial, y se suprimirá la pensión vitalicia para los ministros jubilados.
De ser aprobada en lo particular, la reforma pasará a la Mesa Directiva para ser enviada a la próxima legislatura.
Con Morena, PT y PVEM contando con mayoría calificada en la Cámara de Diputados, el camino para la aprobación definitiva de esta reforma parece despejado, consolidando un cambio trascendental en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial en México.