El gobierno de Javier Milei ha generado una fuerte controversia en Argentina tras modificar por decreto la Ley de Acceso a la Información Pública, lo que ha sido interpretado por diversas organizaciones como un grave retroceso democrático. La medida, publicada recientemente en el Boletín Oficial, establece nuevas restricciones para el acceso a la información, limitando el derecho de la ciudadanía a conocer detalles sobre la vida privada de los funcionarios públicos y sobre documentos preparatorios para decisiones estatales.El decreto ha sido criticado por ampliar los criterios de excepción para la divulgación de información pública, lo que, según el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), «oscurece la gestión pública» y ataca los principios fundamentales de transparencia activa. Fopea advirtió que esta modificación desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y representa un peligroso retroceso en términos de democracia.Además, la reglamentación introduce un artículo que establece la posibilidad de imponer indemnizaciones en caso de violación del principio de buena fe por parte de quienes soliciten la información. Fopea recordó que, según la normativa vigente, toda la información en manos de los órganos públicos debe ser divulgada, y subrayó que «los ciudadanos son los dueños de la información pública, no el Estado».El decreto también impide que la ciudadanía indague sobre quiénes ingresan a la residencia oficial de Olivos, en la provincia de Buenos Aires, al excluir de la obligación de transparencia la información relacionada con «el ámbito privado del funcionario o magistrado». Esta restricción ha sido duramente criticada por la «Fundación Poder Ciudadano», que en sus redes sociales afirmó que «ningún decreto puede restringir el acceso a la información pública más allá de lo que lo hace la ley sancionada democráticamente por el Congreso».Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, expresó en una entrevista con Radio Mitre que la organización está considerando llevar el caso a la Justicia para que se declare inconstitucional el decreto. «La información está en manos del Estado, pero le pertenece a la ciudadanía», afirmó, y no descartó la posibilidad de que el Gobierno revoque la medida ante la creciente presión social y legal.La decisión del gobierno de Milei ha encendido un debate sobre la transparencia y el acceso a la información en Argentina, temas que se encuentran en el centro de las preocupaciones de una sociedad que valora cada vez más la rendición de cuentas y la participación activa en la vida pública.
